La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires finalmente aprobó la ley de endeudamiento impulsada por el gobernador Axel Kicillof, tras una serie de sesiones tensas, negociaciones políticas y un escándalo protagonizado por un intendente que hizo subir la temperatura del recinto.
La norma habilita al gobierno provincial a tomar deuda por hasta 3.685 millones de dólares, con el objetivo de afrontar vencimientos, financiar servicios públicos y destinar una parte a un fondo de inversión para municipios.
Aunque el Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva ya habían sido votados semanas atrás, el endeudamiento requería una mayoría especial —dos tercios— lo que generó una pulseada política entre el oficialismo y la oposición.
Reclamos, escándalo y presión en el recinto
Uno de los momentos más tensos se vivió cuando un intendente del interior bonaerense ingresó al recinto y generó un fuerte cruce verbal con legisladores opositores, presionando por la aprobación del proyecto. El episodio provocó el repudio de varios sectores, que calificaron el hecho como una “intromisión fuera de lugar”.
Mientras tanto, el bloque del PRO se mantenía firme en su negativa, argumentando que no estaban claros los destinos de los fondos, y que el fondo municipal debía tener un monto fijo y transparente.
¿Cómo se destrabó la ley?
La clave para destrabar la situación fue una negociación de cargos y poder: se acordó el reparto de puestos en organismos como el Banco Provincia, además de compromisos en obras, asistencia financiera y fondos para municipios gobernados por distintos partidos.
También fue central el respaldo explícito de varios intendentes, que reclamaron públicamente la aprobación del endeudamiento, argumentando que era necesario para mantener servicios esenciales en sus distritos.
Finalmente, con esos acuerdos cerrados, se logró la mayoría requerida en ambas cámaras y la ley fue sancionada.
Qué dice la oposición
Desde sectores críticos advirtieron que “se aprobó una deuda millonaria sin controles claros y con fines poco definidos”. Además, exigieron que el fondo destinado a los municipios se reglamente de forma equitativa y con criterios objetivos de distribución.
