El Gobierno nacional vetó la ley de financiamiento universitario que había sido sancionada por el Congreso a fines de agosto. La medida fue oficializada este miércoles 10 de septiembre mediante el Decreto 647/2025, publicado en el Boletín Oficial.
El proyecto, promovido por bloques de la oposición, proponía una actualización presupuestaria para las universidades públicas. Sin embargo, el Poder Ejecutivo lo rechazó al considerar que presenta inconsistencias técnicas y legales.
“La fuente de financiamiento prevista es manifiestamente insuficiente y, además, no configura una fuente real de financiamiento”, sostiene el decreto.
Observaciones del Ejecutivo
De acuerdo al texto oficial, el proyecto “no cumple con los recaudos legales” y plantea un mecanismo de financiamiento que se basa en supuestos de recaudación sin respaldo técnico.
“Lo establecido en dicho artículo evidencia un claro desconocimiento por parte del Congreso de la normativa que regula el presupuesto nacional”, añade el documento.
También se cuestiona que la ley no precisa montos exactos ni partidas a readecuar, lo que dificulta su implementación. El artículo 9°, en particular, es señalado como insuficiente para sostener el gasto que implicaría la medida.
Adhesión al paro en La Costa
En rechazo al veto presidencial, sectores universitarios anunciaron medidas de fuerza. En ese marco, la Sede 35 de la UBA en La Costa informó que no abrirá sus puertas este sábado 13 de septiembre, en adhesión al paro universitario convocado a nivel nacional.
La sede funciona en el Partido de La Costa como un espacio descentralizado para el dictado de carreras de la Universidad de Buenos Aires, especialmente en áreas como CBC, y distintas carreras.
El salario docente en el centro del debate
Entre los reclamos que motivaron la ley vetada se encuentra la situación salarial del cuerpo docente. Según datos aportados por representantes gremiales, un profesor universitario cobra actualmente alrededor de $307.000 mensuales por comisión, incluyendo preparación de clases, dictado, corrección, atención a estudiantes y otras tareas académicas.
Desde los sindicatos se indica que ese monto está por debajo de la canasta básica total que publica el INDEC y que muchos docentes trabajan en más de una institución para sostener sus ingresos.
