La decisión del Gobierno nacional de dejar de financiar los pasajes gratuitos de larga distancia para personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con tratamiento oncológico empezó a generar preocupación en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, incluido el Partido de La Costa.
La medida impacta directamente sobre uno de los derechos más utilizados por personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD): el acceso gratuito al transporte terrestre de media y larga distancia.
El pase libre permite que personas con discapacidad puedan viajar sin costo para acceder a tratamientos médicos, estudios, rehabilitación, trámites o visitas familiares.
En distritos alejados de grandes centros de salud, como el Partido de La Costa, el beneficio tiene un peso aún mayor debido a la necesidad frecuente de trasladarse hacia ciudades como Mar del Plata o La Plata para recibir atención especializada.
Actualmente no existen estadísticas públicas precisas sobre cuántos vecinos utilizan específicamente este sistema de pasajes gratuitos en La Costa. Sin embargo, datos nacionales indican que más de 1,9 millones de argentinos poseen Certificado Único de Discapacidad vigente y la provincia de Buenos Aires concentra más del 40% de esos certificados.
El impacto local
En La Costa, distintas familias vienen expresando preocupación por las dificultades económicas que podría generar la pérdida del beneficio, especialmente en un contexto de aumento generalizado de tarifas y costos de traslado.
Para muchas personas con discapacidad, viajar no representa una actividad ocasional sino una necesidad vinculada a controles médicos permanentes, rehabilitación o tratamientos complejos.
La situación también alcanza a pacientes trasplantados y niños con enfermedades oncológicas que dependen del sistema para acceder a centros de salud especializados fuera del distrito.
Qué cambia con la medida
Hasta ahora, el Estado nacional compensaba económicamente a las empresas de transporte por los pasajes otorgados de manera gratuita.
Con la decisión anunciada, el financiamiento dejaría de realizarse bajo el esquema actual, generando incertidumbre tanto entre usuarios como en el sector del transporte.
El Certificado Único de Discapacidad continúa vigente y mantiene los derechos establecidos por ley, entre ellos el acceso gratuito al transporte.
Sin embargo, el conflicto aparece en torno al financiamiento y la continuidad operativa del sistema.
Reclamos y preocupación social
Organizaciones vinculadas a la discapacidad y familiares comenzaron a advertir sobre las consecuencias que podría generar la medida en personas que necesitan viajar periódicamente.
En ciudades turísticas como las de La Costa, donde muchas veces no existen prestaciones médicas de alta complejidad disponibles en el distrito, el acceso al transporte gratuito se vuelve una herramienta central para garantizar tratamientos y controles.
La preocupación también crece porque muchas familias ya enfrentan dificultades para sostener medicamentos, terapias y costos básicos vinculados a la atención de la salud.
Un debate que excede lo económico
Más allá del costo fiscal, el tema volvió a poner en discusión el acceso a derechos básicos para sectores vulnerables.
En localidades donde las distancias y la falta de servicios especializados obligan a viajar con frecuencia, el transporte deja de ser solamente una cuestión logística y pasa a convertirse en parte esencial del acceso a la salud y la inclusión.
