Un proyecto presentado en la Legislatura bonaerense propone crear un régimen para asistir gratuitamente a consumidores sobreendeudados. La Defensoría del Pueblo podría intervenir antes de llegar a la Justicia y negociar con bancos, financieras, plataformas digitales y agencias de cobro.
Las deudas de las familias comienzan a ocupar un lugar cada vez mayor en la agenda política bonaerense. Ahora, un proyecto presentado en la Legislatura busca que quienes llegan a una situación de sobreendeudamiento no tengan que enfrentar solos a sus acreedores.
La iniciativa fue presentada por el diputado provincial Facundo Tignanelli y propone crear un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores, con intervención de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.
La propuesta apunta a algo bastante sencillo de entender: cuando una persona acumula varias deudas y sus ingresos ya no alcanzan para afrontar todas las cuotas, la negociación debería contemplar su situación económica completa y no tratar cada deuda como si fuera la única.
¿Cómo funcionaría?
La Defensoría del Pueblo, encabezada por Guido Lorenzino, tendría la posibilidad de brindar asesoramiento gratuito y coordinar una negociación entre el consumidor y sus distintos acreedores.
El proyecto contempla además una instancia prejudicial obligatoria, es decir, un paso previo antes de que el conflicto continúe por la vía judicial.
La intención es buscar planes de pago que tengan relación con la capacidad económica real del deudor y que, al mismo tiempo, permitan cumplir razonablemente con las obligaciones.
Esto significaría que una persona con deudas con distintas entidades podría plantear su situación económica integral en una misma instancia, en lugar de intentar solucionar separadamente cada compromiso.
Que pagar una deuda no haga imposible pagar las demás
Uno de los puntos centrales de la propuesta es justamente evitar que un acuerdo aparentemente favorable con un acreedor termine consumiendo prácticamente todos los ingresos disponibles e impida afrontar el resto de las obligaciones.
También se busca preservar condiciones razonables de subsistencia para la persona endeudada y su grupo familiar.
El proyecto pretende además impedir el crecimiento desproporcionado de intereses, gastos, comisiones y otros cargos, disminuir la judicialización de las deudas y combatir prácticas abusivas durante las cobranzas.
Lorenzino explicó que el objetivo es aumentar la capacidad de negociación de los consumidores.
“Apuntamos a ganar escala en la negociación colectiva para las y los bonaerenses que están desesperados”, sostuvo el defensor del Pueblo.
También planteó la necesidad de terminar con situaciones de hostigamiento y maltrato hacia personas que atraviesan dificultades financieras.
Los acreedores también tendrían obligaciones
La iniciativa no plantea simplemente una asistencia para quien debe dinero. También establece reglas para quienes pretenden cobrarlo.
Los acreedores estarían obligados a participar y colaborar en el procedimiento. La falta de respuesta, la negativa injustificada a entregar información, la presentación de datos falsos o las maniobras destinadas a demorar la negociación serían consideradas incumplimientos.
Según sus impulsores, el objetivo es alcanzar soluciones posibles para ambas partes: que el consumidor pueda regularizar sus obligaciones sin quedar económicamente asfixiado y que el acreedor tenga posibilidades reales de recuperar lo adeudado.
Una discusión que también toca de cerca a La Costa
El proyecto tiene especial interés para distritos con economías fuertemente estacionales como el Partido de La Costa.
En nuestra región, muchas familias, trabajadores independientes y pequeños comerciantes atraviesan durante el invierno meses con menores ingresos mientras continúan pagando tarjetas, créditos, servicios y otros compromisos asumidos durante el resto del año.
Por eso, más allá de la discusión política que pueda generar la iniciativa, el problema que intenta abordar es concreto: qué ocurre cuando una persona quiere pagar, pero la suma de sus compromisos supera lo que realmente puede afrontar todos los meses.
Tignanelli vinculó directamente el proyecto con el crecimiento del endeudamiento de los hogares y sostuvo que el Estado debe equilibrar la capacidad de negociación que tienen consumidores y empresas.
Todavía no es ley
Este punto es importante.
Por ahora se trata de un proyecto presentado en la Legislatura bonaerense. Deberá atravesar el tratamiento en comisiones y conseguir los votos necesarios para convertirse en ley.
Si finalmente es aprobado, la intervención gratuita de la Defensoría permitiría abrir una instancia formal de negociación antes de que determinados conflictos por deudas lleguen a la Justicia.
La propuesta abre así una discusión que excede a quienes dejaron de pagar completamente.
Porque el sobreendeudamiento también puede alcanzar a personas que siguen pagando, pero necesitan tomar una deuda para cubrir otra, utilizan permanentemente la tarjeta para llegar a fin de mes o destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos a cuotas e intereses.
Y allí aparece la pregunta de fondo que deberá discutir la Legislatura: ¿hasta dónde debe intervenir el Estado cuando las deudas de una familia dejan de ser manejables?
