Mientras los vecinos reclaman más seguridad y presencia en las calles, un posteo de Marian Liñán puso la mirada sobre el otro lado del patrullero: cuánto cobra un policía, cuántas horas necesita trabajar, cómo impacta esa realidad en su familia y qué consecuencias puede tener sobre su salud mental.
La inseguridad aparece entre las principales preocupaciones cotidianas de los vecinos. Más policías, más patrulleros, mayor prevención y respuestas más rápidas son reclamos que se repiten ante cada hecho delictivo.
Pero hay una pregunta que aparece mucho menos: ¿en qué condiciones trabajan las personas a las que les pedimos que nos cuiden?
Un posteo de Marian Liñán, dirigente y expolicía, volvió a poner el tema sobre la mesa. Lo hizo mostrando algo concreto: el recibo de sueldo de un efectivo de la Policía Bonaerense.
La liquidación difundida corresponde a un Oficial de Policía. Registra $1.301.857 en haberes, descuentos por $336.951 y un ingreso neto de $964.856.
“Este recibo no muestra solo un sueldo. Muestra una realidad que muchos prefieren ignorar”, escribió Liñán.
Y desde allí abrió una discusión que va mucho más allá de un recibo.
Trabajar más para progresar o trabajar más para llegar
Liñán puso el foco sobre las extensas jornadas, los adicionales, las distancias que muchos efectivos deben recorrer para llegar a sus destinos y el tiempo que esa dinámica les quita a sus familias.
El planteo adquiere otra dimensión en momentos en que volvió a instalarse públicamente la idea del pluriempleo como expresión del esfuerzo personal.
Alejandro Fantino generó polémica días atrás al señalar que en otros lugares del mundo las personas tienen dos trabajos y que quien busca “dar un salto económico” hace un esfuerzo adicional.
La pregunta es si todas las situaciones pueden medirse de la misma manera.
Una cosa es trabajar más para progresar. Otra es necesitar trabajar más para no retroceder.
En el caso policial la diferencia importa todavía más. Sumar adicionales u horas CORE significa también más horas con el uniforme puesto, menos descanso y menos tiempo con la familia.
Si ese esfuerzo permite mejorar la situación económica es una cosa. Si resulta indispensable para pagar alimentos, servicios, alquileres, créditos o tarjetas, la discusión es diferente.
El otro problema: las deudas
A la cuestión salarial se agrega un fenómeno que comienza a ganar visibilidad: el endeudamiento dentro de la fuerza.
El propio ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, reconoció públicamente problemas vinculados con el endeudamiento del personal policial. Distintas publicaciones periodísticas ubicaron además la mora crediticia en una porción significativa de los efectivos.
Es un dato que cambia la perspectiva.
Porque el sueldo nominal no necesariamente refleja cuánto dinero queda disponible en un hogar después de pagar préstamos, tarjetas, alquiler y otras obligaciones.
Y cuando el salario no alcanza, aparece una rueda difícil de detener: más deuda puede significar la necesidad de realizar más adicionales; más adicionales significan más horas trabajando; y más horas trabajando representan menos descanso y menos vida familiar.
Detrás del uniforme hay una familia
Ese es uno de los puntos más fuertes del posteo de Liñán.
“Detrás de cada uniforme hay una familia que también paga el costo de esta situación”, escribió la expolicía.
La frase permite mirar un aspecto que suele desaparecer cuando se habla de seguridad.
El policía al que un vecino le reclama presencia también es padre, madre, hijo o pareja de alguien. Tiene cuentas que pagar, problemas económicos, compromisos familiares y necesidades similares a las de cualquier otro trabajador.
Pero desarrolla además una actividad atravesada por situaciones de violencia, decisiones que deben tomarse en segundos, turnos extensos y una responsabilidad difícil de comparar con muchos otros trabajos.
Por eso el descanso y la salud mental no son solamente problemas privados del efectivo. También forman parte de la calidad del servicio de seguridad que recibe la sociedad.
Salud mental: la discusión que no debería esconderse
Liñán también puso sobre la mesa uno de los aspectos más delicados: el desgaste psicológico y los suicidios dentro de la fuerza.
La placa que acompaña su publicación habla de 46 suicidios durante 2026. Se trata de una cifra de enorme gravedad que requiere estadísticas oficiales consolidadas para determinar su alcance y las circunstancias de cada caso.
Pero independientemente de la comprobación de ese número puntual, la salud mental del personal policial merece formar parte de la discusión sobre seguridad.
No alcanza con preguntarse cuántos efectivos hay disponibles.
También importa saber cómo llegan esos efectivos a prestar servicio, cuánto descansaron, qué nivel de estrés soportan y qué herramientas encuentran cuando necesitan asistencia psicológica.
El debate sobre los salarios públicos
La discusión ocurre además en un contexto político particular.
El presidente Javier Milei volvió a defender este mes la reducción del peso del Estado y fue explícito respecto de los salarios públicos: “Si yo dije que voy a achicar el Estado, ¿qué tendría que pasar con los salarios públicos? Caer”, sostuvo durante una exposición ante el Council of the Americas.
La frase abre una discusión que adquiere características particulares cuando se traslada a servicios esenciales.
¿Hasta dónde puede caer el salario de un policía, un médico, un enfermero o un docente sin afectar también el servicio que presta el Estado?
En seguridad la pregunta resulta especialmente sensible.
La sociedad puede —y debe— exigir policías capacitados, profesionales, honestos y eficientes. Pero esa exigencia convive con otra pregunta: qué condiciones económicas y laborales necesita ofrecer el Estado para exigir ese nivel de profesionalismo.
En el interior, un sueldo estatal también mueve la economía local
La discusión adquiere además otra dimensión en los pueblos y ciudades del interior bonaerense.
Allí, el empleo público tiene en muchas comunidades un peso importante en la economía cotidiana.
El sueldo de un policía, un docente, un trabajador municipal o un empleado de salud no termina únicamente en su hogar. Circula por el supermercado, el almacén, la farmacia, el alquiler, la estación de servicio, la escuela y el comercio local.
Por eso la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores estatales puede exceder la discusión entre empleado y empleador: también puede repercutir sobre las economías de las comunidades donde viven.
Una discusión que recién comienza
El recibo publicado por Marian Liñán no permite definir cuánto cobra toda la Policía Bonaerense. Es una liquidación individual y existen diferencias de acuerdo con jerarquía, antigüedad, función, adicionales y otras variables.
Pero su importancia está en otro lugar.
Puso un rostro cotidiano detrás de una discusión que habitualmente se limita a estadísticas de delitos, móviles policiales y cantidad de efectivos.
Mientras una parte de la sociedad reclama legítimamente mayor seguridad, el posteo obliga a mirar hacia quienes deben proporcionarla.
Cuánto cobran. Cuánto trabajan. Cuánto deben. Cuánto descansan. Cuánto tiempo pueden compartir con sus familias. Y qué ocurre con su salud mental cuando esas presiones comienzan a acumularse.
No se trata de reducir las exigencias hacia la Policía. La sociedad tiene derecho a exigir una fuerza profesional, honesta, capacitada y eficiente.
Pero quizás haya llegado el momento de incorporar otra pregunta al debate sobre la inseguridad.
Si queremos que estén en condiciones de cuidarnos, ¿quién está cuidando a los que nos cuidan?
