La circulación de vehículos en La Frontera, el sector de médanos ubicado al norte del partido de Pinamar, volvió a quedar en el centro del debate público tras un enero marcado por accidentes y personas heridas, una intervención judicial impulsada desde la Provincia de Buenos Aires y la decisión del municipio de apelar la medida cautelar que limita la actividad.
Durante las últimas semanas, el uso recreativo de cuatriciclos, UTV y camionetas 4×4 en esa zona generó una creciente preocupación. En lo que va del mes se registraron múltiples siniestros, algunos de ellos con lesiones de gravedad, lo que reavivó cuestionamientos sobre la falta de controles efectivos, la convivencia entre distintos tipos de vehículos y la circulación sin delimitaciones claras en un espacio de uso intensivo durante la temporada alta.
Accidentes y heridos: el detonante
Los episodios ocurridos en enero —con turistas y residentes lesionados— funcionaron como disparador para que el tema trascendiera el ámbito local. Las imágenes de rescates, ambulancias ingresando a los médanos y relatos de maniobras imprudentes se multiplicaron en redes sociales y medios provinciales, instalando nuevamente el interrogante sobre hasta dónde es seguro habilitar la circulación vehicular en La Frontera.
La intervención de la Provincia y la cautelar judicial
En ese contexto, se promovió una acción judicial que derivó en una medida cautelar dictada por la Justicia de Dolores, la cual limita la circulación de vehículos motorizados en La Frontera. La resolución se fundamenta en la necesidad de prevenir nuevos daños, garantizar la seguridad de las personas y obligar al Estado municipal a acreditar condiciones adecuadas de control.
Desde la órbita provincial, la intervención fue leída como una respuesta ante la reiteración de accidentes y la ausencia de un esquema de fiscalización que evite riesgos en un área de alta concentración turística.
La postura del Municipio de Pinamar
La Municipalidad de Pinamar anunció que apelará la cautelar, argumentando que la prohibición resulta excesiva y que el problema no es la actividad en sí, sino su uso irresponsable por parte de algunos conductores. Desde el Ejecutivo local sostienen que La Frontera es un espacio históricamente destinado a ese tipo de prácticas y que la solución pasa por regular, ordenar y controlar, no por impedir de forma total la circulación.
El municipio también remarca el impacto económico que la actividad tiene en temporada alta, tanto para prestadores turísticos como para comercios vinculados al alquiler, mantenimiento y servicios de vehículos.
Un conflicto abierto
La discusión sobre La Frontera vuelve a exhibir una tensión de fondo: seguridad pública versus uso recreativo y actividad económica. Mientras la Justicia prioriza una mirada preventiva ante los heridos registrados en enero, el gobierno local apuesta a sostener el uso del espacio bajo reglas propias.
El futuro de la medida dependerá ahora de la instancia de apelación, en un debate que promete seguir abierto y que vuelve a poner a La Frontera en el centro de la agenda del verano en Pinamar.
