La Justicia ordenó frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, que habrían sido grabados en la Casa Rosada. La medida cautelar fue dictada por el juez federal Alejandro Patricio Maraniello, quien dispuso el cese inmediato de su publicación en medios, redes sociales y plataformas digitales.
El fallo instruyó además al ENACOM para notificar de forma urgente a los distintos servicios de comunicación, con el objetivo de garantizar que el material no continúe circulando.
Según lo dispuesto por el magistrado, la decisión no busca limitar el debate público, sino resguardar derechos constitucionales como la privacidad, el honor y la seguridad institucional frente a la filtración de conversaciones privadas.
Paralelamente, el Gobierno denunció que se trata de una operación de inteligencia ilegal destinada a desestabilizar en plena campaña electoral. En ese marco, se solicitaron allanamientos y medidas de prueba para identificar a los responsables de la grabación y difusión del material.
El caso generó fuerte repercusión política y mediática, ya que se suma al escándalo por los audios difundidos semanas atrás, en los que se mencionaban presuntos pagos irregulares y que derivaron en investigaciones judiciales y allanamientos.
La presentación de la cautelar y la denuncia por espionaje ilegal marcan un nuevo capítulo en la disputa entre el oficialismo, la Justicia y el debate público sobre los límites entre el derecho a la información y la protección de la intimidad en el ámbito gubernamental.
