La captura del exentrenador de hockey Horacio “Chacho” Asensio volvió a poner en discusión la prescripción en investigaciones por delitos sexuales. El caso de Alberto Martín Del Valle, detenido después de permanecer más de 14 años prófugo, dio origen a un proyecto que busca modificar el Código Penal para impedir que el tiempo de fuga pueda beneficiar a un acusado.
La reciente detención de Horacio “Chacho” Asensio, investigado por presuntos abusos sexuales ocurridos cuando dirigía a jugadoras adolescentes de hockey en Monte Hermoso, volvió a poner en primer plano una discusión que semanas atrás había cobrado fuerza con el caso de Alberto Martín Del Valle: qué sucede con la prescripción cuando transcurren años antes de que una persona acusada sea sometida al proceso penal.
Asensio fue detenido en Mar del Plata y quedó a disposición de la Justicia bahiense. La investigación está vinculada con hechos denunciados por exjugadoras que eran adolescentes cuando se habrían producido los episodios.
El lunes 21 de septiembre, Asensio se negó a declarar y cambió de abogado. Su defensa quedó a cargo de Carlos Carnevale, quien deberá estudiar el expediente antes de definir los próximos pasos.
La posibilidad de que se plantee una discusión sobre la prescripción fue informada por medios de Bahía Blanca, aunque hasta el momento debe considerarse una eventual estrategia procesal y no un planteo confirmado por la defensa.
El antecedente que encendió la alarma: el caso Del Valle
El nombre de Alberto Martín Del Valle tomó dimensión nacional durante los últimos meses.
La causa se inició por hechos ocurridos en 2009 en Puán. Del Valle fue acusado de abusar sexualmente de su hijastra cuando tenía 11 años. La niña quedó embarazada y una prueba de ADN incorporada posteriormente a la investigación determinó la paternidad de Del Valle. También fue acusado de haber intentado someterla a un aborto clandestino.
La orden de captura fue emitida en 2012 y Del Valle permaneció prófugo durante más de 14 años.
Finalmente, el 23 de agosto de 2026 fue localizado y detenido en Florencio Varela. Según reconstruyeron distintos medios, había modificado considerablemente su apariencia y utilizaba otras identidades. Un tatuaje en una de sus manos resultó determinante para confirmar que se trataba del hombre buscado.
Pero su detención abrió inmediatamente otra batalla judicial.
El 28 de agosto, el juez de Garantías Guillermo Mércuri declaró prescripta la acción penal vinculada con los delitos de abuso sexual agravado y tentativa de aborto y dispuso el sobreseimiento de Del Valle por esos hechos. La decisión fue cuestionada por la familia de la víctima y dio lugar a nuevas presentaciones judiciales.
Del Valle continuó detenido por una situación judicial distinta, vinculada al incumplimiento de obligaciones respecto de sus hijos.
Yamila Segovia: de buscar al prófugo a convertirse en abogada
Detrás del caso hay una historia que terminó trascendiendo el expediente judicial.
Yamila Segovia tenía 13 años cuando su hermana denunció los abusos.
Con el paso del tiempo decidió estudiar Derecho. Se recibió de abogada y comenzó a intervenir en representación de su hermana, además de participar activamente en la búsqueda de Del Valle.
Según relató públicamente, al acceder al expediente encontró una investigación que durante años prácticamente se había limitado a mantener vigente la orden de captura. La familia comenzó entonces una campaña pública para localizarlo.
Parte de esa campaña se desarrolló a través de Instagram mediante la cuenta @alerta_busqueda_activa, creada para difundir fotografías, información y posibles datos sobre el paradero de Del Valle. La existencia y finalidad de esa cuenta también fueron documentadas antes de su captura.
Tras la detención, el objetivo de la campaña cambió: ahora el reclamo se concentra en evitar que el paso del tiempo durante una fuga pueda favorecer la prescripción de una causa.
¿Qué es la Ley Segovia?
El caso dio impulso a una propuesta conocida como “Ley Segovia”, por el apellido de Yamila y de la víctima.
La iniciativa apunta a modificar el artículo 67 del Código Penal.
De acuerdo con el proyecto difundido públicamente, en determinados delitos sexuales y de trata cometidos contra menores de 18 años, el plazo de prescripción quedaría interrumpido mientras el imputado permanezca prófugo, haya sido declarado rebelde o exista una orden judicial vigente de captura o detención.
El tiempo volvería a computarse cuando el acusado se presente ante la Justicia, sea capturado o quede efectivamente sometido al proceso.
El proyecto fue impulsado legislativamente por la diputada nacional Luciana Potenza y la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.
El caso Asensio vuelve a poner el tema sobre la mesa
La detención de Horacio Asensio hizo que el reclamo volviera a circular con fuerza en las redes sociales.
Asensio está investigado por hechos que habrían ocurrido cuando se desempeñaba como entrenador de hockey femenino en Monte Hermoso. Una de las denuncias que impulsó la investigación corresponde a una mujer que manifestó haber sido víctima cuando tenía 15 años.
Tras su detención, se negó a declarar y cambió de abogado.
La Brújula 24 informó que uno de los caminos que eventualmente podría estudiar su nueva defensa es precisamente la prescripción de la acción penal debido al tiempo transcurrido. Por el momento, sin embargo, no existe confirmación de que la defensa haya formalizado ese planteo.
Esa posibilidad fue suficiente para que desde la campaña vinculada al caso Del Valle se difundiera un nuevo video reclamando una reforma urgente.
El mensaje plantea que el sistema no debería permitir que el paso del tiempo termine beneficiando a quienes permanecieron fuera del alcance de la Justicia y vuelve a reclamar el tratamiento de la Ley Segovia.
Una discusión que ahora llega al Congreso
El caso Del Valle dejó así de ser solamente una disputa judicial para transformarse también en una discusión legislativa.
La cuestión central será determinar qué tratamiento debe recibir el plazo de prescripción cuando una persona acusada de determinados delitos contra menores permanece prófuga o sustraída del proceso.
Mientras la familia de la víctima de Del Valle continúa la batalla judicial, Yamila Segovia mantiene además la campaña pública para modificar la legislación.
La aparición del caso Asensio vuelve a colocar ese debate en agenda, aunque se trata de expedientes diferentes y será la Justicia la encargada de determinar la responsabilidad penal y la situación procesal correspondiente en cada uno.
