La Justicia bonaerense suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo sistema que permite responsabilizar penalmente a adolescentes desde los 14 años. La jueza que tomó la decisión sostiene que la Provincia no cuenta hoy con infraestructura suficiente para implementarlo. Nación acusa a Kicillof de proteger delincuentes y el Gobierno bonaerense responde que bajar la edad sin juzgados, centros, profesionales y recursos no resuelve la inseguridad.
Una ley nacional, adolescentes de 14 y 15 años que ahora pueden quedar alcanzados por el sistema penal, centros de alojamiento cuestionados, una jueza que decidió poner un freno por 60 días y una nueva batalla política entre Javier Milei y Axel Kicillof.
El nuevo Régimen Penal Juvenil terminó convirtiéndose en otro capítulo del enfrentamiento entre Nación y Provincia, pero detrás de las acusaciones existe una discusión bastante más compleja que la pregunta de si se está “a favor o en contra de bajar la edad de imputabilidad”.
La Ley Nacional 27.801 fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero y promulgada en marzo. Reemplaza al viejo régimen vigente desde 1980 y establece que el nuevo sistema penal juvenil alcanza a adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18. La norma busca combinar responsabilidad penal con educación, resocialización e integración social.
El Gobierno nacional terminó de reglamentarla mediante el Decreto 875/2026, publicado este lunes 7 de septiembre en el Boletín Oficial. La reglamentación incluye supervisores especializados, asistencia a las víctimas, penas alternativas, capacitación de operadores y mecanismos de coordinación entre Nación y las provincias.
Pero en la provincia de Buenos Aires apareció un problema antes de que el nuevo sistema pudiera ponerse plenamente en marcha.
¿Qué decidió realmente la Justicia?
La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo y resolvió suspender cautelarmente durante 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en territorio bonaerense.
Esto es importante: la jueza no derogó la ley nacional. Tampoco puede hacerlo.
Lo que hizo fue frenar temporalmente su implementación en la Provincia ante la posibilidad de que el sistema actual no tenga capacidad suficiente para recibir a los nuevos adolescentes que quedarían alcanzados.
El fallo pone especialmente la mirada sobre tres cambios: ahora ingresan al régimen penal los adolescentes de 14 y 15 años, se amplía el universo de delitos alcanzados y puede modificarse el tiempo durante el cual algunos jóvenes permanecen dentro del sistema. La preocupación judicial es que eso incremente la cantidad de adolescentes privados de libertad sin que existan previamente lugares, profesionales y condiciones adecuadas para alojarlos.
Pascual convocó además a una audiencia para el 16 de septiembre, donde las autoridades deberán explicar qué medidas adoptaron para implementar la reforma y cuáles son los plazos previstos.
¿Entonces un chico de 14 años que comete un delito queda libre?
Es probablemente la pregunta más importante, porque buena parte de la discusión política comenzó a girar alrededor de esa idea.
La nueva ley nacional establece la responsabilidad penal desde los 14 años, cuando el régimen anterior fijaba el piso general de punibilidad en los 16. También reemplaza integralmente un sistema que llevaba más de cuatro décadas vigente.
Pero bajar la edad no significa que todos los adolescentes vayan automáticamente presos.
El nuevo régimen contempla medidas socioeducativas y penas alternativas, establece condiciones específicas para el encierro, prohíbe la prisión perpetua para adolescentes y fija un máximo de 15 años para las penas privativas de libertad.
Precisamente ahí aparece parte de la discusión que muchas veces desaparece detrás de una consigna: una cosa es decidir desde qué edad una persona puede responder penalmente por un delito y otra es determinar qué hace el Estado con ese adolescente después de detenerlo, juzgarlo o condenarlo.
La jueza salió a explicar por qué frenó la ley
Este martes Pascual defendió públicamente su resolución y sostuvo que el problema no es solamente modificar una edad escrita en una ley, sino contar con mecanismos capaces de aplicar el nuevo régimen.
La magistrada afirmó que con las actuales condiciones “no vamos a crear más seguridad” y puso el foco en la situación de los dispositivos donde son alojados adolescentes.
Su argumento central puede resumirse de manera sencilla: si ingresan más jóvenes al sistema pero no aumentan los lugares disponibles, los equipos profesionales, la infraestructura y los programas de reinserción, el resultado puede ser mayor hacinamiento en vez de mayor seguridad.
El fallo, por lo tanto, no plantea solamente una discusión sobre derechos de los adolescentes sino sobre la capacidad real del Estado para ejecutar la ley.
Nación: “Kicillof está del lado del delincuente”
La decisión judicial provocó inmediatamente la reacción del Gobierno nacional.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, cuestionó al gobernador Axel Kicillof y sostuvo que con la suspensión un adolescente de 14 años que cometa un homicidio durante un robo puede quedar impune. También acusó al mandatario bonaerense de ubicarse “del lado del delincuente” y no de la víctima.
Patricia Bullrich, actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, fue todavía más dura y cuestionó tanto al gobierno provincial como a una Justicia bonaerense a la que calificó de “garantista”.
Para el oficialismo nacional, la baja de la edad constituye una herramienta necesaria frente a delitos graves cometidos por menores y la falta de infraestructura provincial no debería convertirse en un argumento para impedir la aplicación de una ley aprobada por el Congreso.
Provincia: bajar la edad no alcanza
La respuesta llegó desde el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.
El funcionario defendió la necesidad de discutir algo más que la edad y preguntó cómo puede implementarse una reforma de semejante magnitud sin nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de alojamiento, infraestructura, profesionales y recursos económicos.
Alonso también recordó que la suspensión fue dispuesta por el Poder Judicial y no por Kicillof, y trasladó parte de la responsabilidad financiera hacia Nación al reclamar fondos para implementar el nuevo régimen.
Y acá aparece un punto difícil de ignorar incluso para quienes están de acuerdo con bajar la edad.
La propia reglamentación nacional reconoce que la aplicación efectiva del nuevo régimen requiere coordinación con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Por eso crea una Mesa Federal destinada precisamente a articular criterios y mecanismos de implementación entre jurisdicciones.
Una discusión que no debería terminar en 14 o 16
El debate sobre la edad de imputabilidad es legítimo y lleva décadas pendiente en Argentina.
También es legítimo que una víctima o su familia reclamen que un delito grave tenga consecuencias independientemente de que quien lo haya cometido tenga 14, 15, 16 o 30 años.
Pero hay otra pregunta igualmente necesaria: ¿qué hace el Estado después?
Si un adolescente de 14 años comete un homicidio, la sociedad necesita una respuesta judicial. Pero si ese joven es encerrado en un establecimiento hacinado, sin educación, tratamiento, seguimiento profesional ni posibilidades reales de reinserción y años después vuelve a la calle en peores condiciones, difícilmente pueda hablarse de una política de seguridad exitosa.
Responsabilizar penalmente y reinsertar no deberían ser conceptos incompatibles.
De hecho, la propia Ley 27.801 establece entre sus objetivos la responsabilidad por los actos cometidos junto con la educación, resocialización e integración social del adolescente.
Los próximos 60 días serán la verdadera prueba
La discusión política probablemente continúe porque seguridad, menores y delito son temas particularmente sensibles en la sociedad argentina y, además, el país comienza a transitar el camino hacia 2027.
Pero detrás de los cruces entre Nación y Provincia existe ahora una pregunta concreta.
Durante estos 60 días, Buenos Aires deberá mostrar qué capacidad tiene para implementar el nuevo régimen, qué infraestructura necesita, cuántos lugares disponibles existen y qué recursos hacen falta. La audiencia convocada para el 16 de septiembre será el primer escenario importante para conocer esas respuestas.
Después habrá que determinar qué sucede con la suspensión.
Porque probablemente el debate más útil no sea elegir entre dos consignas —“bajar la edad” o “no bajar la edad”— sino exigir que cualquier decisión venga acompañada por un sistema capaz de aplicarla.
Una ley puede cambiar una edad en un artículo.
Evitar que un adolescente vuelva a delinquir y proteger a quien puede convertirse en su próxima víctima requiere bastante más que eso.
