Los recientes allanamientos realizados en Chubut, Mendoza y Río Negro por orden del Juzgado de Garantías N.º 4 de San Isidro marcaron un punto de inflexión en la lucha contra la piratería audiovisual en Argentina. La investigación, que involucra a la plataforma ilegal MagisTV, reveló una red organizada que operaba bajo fachada legal, con locales comerciales, proveedores de internet registrados ante ENACOM y transacciones que superaban los 160 millones de pesos argentinos2.
La Justicia Federal, con apoyo de ENACOM, la Policía Federal Argentina y organismos internacionales como LaLiga y la Alianza contra la Piratería Audiovisual, incautó decodificadores, routers, registros de clientes y pruebas bancarias que vinculan directamente a los implicados con la venta de señales robadas.
Un delito federal con consecuencias reales
La comercialización y adquisición de dispositivos que permiten acceder ilegalmente a contenidos audiovisuales no es una infracción menor: es un delito federal. Tanto el vendedor como el comprador actúan con plena conciencia de que están vulnerando derechos de propiedad intelectual, evadiendo impuestos y perjudicando a toda la industria del entretenimiento.
Las penas previstas incluyen:
- Hasta cinco años de prisión para quienes comercialicen servicios ilegales.
- Multas millonarias por evasión fiscal y violación de derechos de autor.
- Responsabilidad penal para los compradores, que pueden ser considerados cómplices.
- Antecedentes judiciales que afectan el acceso a créditos, subsidios y empleo formal.
La investigación no se limita a grandes proveedores: puede alcanzar domicilios particulares, comercios locales y usuarios finales. Las pruebas extraídas de aplicaciones de mensajería, registros de IP y movimientos bancarios permiten a la Justicia reconstruir la cadena completa de distribución.
Quienes lucran con la venta de señales robadas no pagan licencias, ni impuestos, ni aportan al desarrollo local. Se enriquecen a costa de una industria que genera miles de puestos de trabajo y sostiene la identidad audiovisual del país.
Elegir legal, elegir Argentina
La concientización es clave. Cada usuario que decide contratar un servicio legal está defendiendo el trabajo argentino, la cultura regional y el respeto por la ley.
