El paro del 15 de octubre vuelve a poner en discusión los 190 días de clases en la provincia de Buenos Aires. Los reclamos salariales, las interrupciones del calendario y las denuncias por infraestructura escolar en el Partido de La Costa exponen un conflicto con múltiples responsabilidades. ¿Es posible exigir excelencia educativa con salarios cuestionados como insuficientes? ¿Y quién debe intervenir cuando los derechos de docentes y estudiantes entran en tensión?
La nueva jornada de protesta docente anunciada para el jueves 15 de octubre vuelve a instalar una discusión que atraviesa todo el sistema educativo bonaerense: cuánto tiempo efectivo de enseñanza están recibiendo los estudiantes y qué responsabilidad les corresponde al Estado y a los sindicatos para garantizarlo.
El debate no es sencillo. Los docentes reclaman mejores salarios, condiciones de trabajo dignas y establecimientos seguros. Las familias, mientras tanto, enfrentan la reiteración de interrupciones que afectan la organización cotidiana y, fundamentalmente, la continuidad de los aprendizajes.
¿Se puede exigir excelencia educativa cuando los salarios docentes resultan insuficientes? Es una pregunta legítima. Un sistema que pretende mejorar sus resultados necesita profesionales capacitados, reconocidos y adecuadamente remunerados.
Pero existe otra pregunta igualmente necesaria: ¿puede un sistema educativo garantizar aprendizajes de calidad si sus alumnos pierden reiteradamente jornadas de enseñanza y nadie explica cómo se recuperarán?
Un calendario de 190 días bajo presión
El ciclo lectivo 2026 de la provincia de Buenos Aires fue organizado con el objetivo de alcanzar 190 días de clases, desde el 2 de marzo hasta el 22 de diciembre.
Sin embargo, el calendario se ha visto atravesado por feriados, conflictos gremiales, medidas de fuerza y suspensiones de actividades por problemas de infraestructura.
Un relevamiento publicado por el diario El Día puso el foco en la acumulación de jornadas afectadas por distintas protestas docentes durante el año.
Es necesario diferenciar los feriados previstos oficialmente, las medidas gremiales de alcance parcial y las suspensiones efectivas de clases. No todas las interrupciones afectan por igual a cada escuela y tampoco corresponde contabilizarlas automáticamente como días completos perdidos.
La cuestión de fondo es otra: ¿existe un registro público que permita conocer cuántos días efectivos de enseñanza recibió cada alumno?
La falta de una respuesta precisa impide evaluar adecuadamente el verdadero impacto de las interrupciones.
Partido de La Costa: las denuncias por gas también abrieron un conflicto
La situación adquiere características particulares en el Partido de La Costa, donde durante 2026 las denuncias por instalaciones de gas y condiciones edilicias generaron suspensiones preventivas de clases y fuertes controversias.
En agosto, Radio Noticias Web publicó una investigación que documentó 11 reclamos efectuados por SUTEBA La Costa-General Lavalle en menos de una semana, según fuentes de CESOP Gas y de la Secretaría de Educación local.
Las inspecciones posteriores mostraron situaciones diferentes.
En algunos establecimientos no se detectaron fugas de gas, mientras que en otros se identificaron anomalías técnicas que exigieron intervenciones. En la Secundaria N°1 de Mar de Ajó, por ejemplo, se detectó una pérdida en una llave sin conexión que fue corregida. En otra institución se inhabilitó una estufa por combustión inadecuada.
Estos antecedentes permiten establecer una distinción fundamental: una denuncia preventiva no confirma por sí misma la existencia de una fuga, aunque una inspección que descarte pérdidas también puede detectar otros riesgos.
Frente a una posible pérdida de gas, la prevención no es opcional. La seguridad de estudiantes y trabajadores exige actuar con rapidez y verificar técnicamente el estado de las instalaciones.
Pero también resulta necesario exigir claridad en las comunicaciones, protocolos proporcionados y mecanismos que permitan reanudar las clases tan pronto como estén garantizadas las condiciones de seguridad.
La intervención provincial demuestra que existían problemas reales
La controversia adquirió una nueva dimensión cuando, a fines de agosto, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense dispuso una intervención sobre las competencias del Consejo Escolar de La Costa vinculadas con gas y calefacción.
La medida, difundida públicamente en septiembre, estuvo relacionada con presuntas omisiones de gestión, anomalías en instalaciones y deficiencias en los controles de seguridad.
Este antecedente demuestra que el conflicto no puede explicarse solamente por el accionar sindical.
También corresponde determinar qué responsabilidades tuvieron los organismos encargados del mantenimiento, las inspecciones y la administración de los recursos destinados a infraestructura escolar.
Si existen instalaciones inseguras, deben repararse. Si se presentan denuncias, deben verificarse. Y si las inspecciones descartan un riesgo, corresponde comunicarlo con precisión para evitar interrupciones innecesariamente prolongadas.
En todos los escenarios hay una misma obligación: garantizar escuelas seguras y abiertas.
¿Un conflicto educativo, gremial o también político?
La sucesión de reclamos salariales, protestas, denuncias edilicias e interrupciones del servicio educativo plantea una discusión sobre los distintos mecanismos de presión y negociación que intervienen en la educación pública.
Las organizaciones sindicales tienen el derecho y la responsabilidad de representar los intereses laborales de sus afiliados. El Estado debe responder por los salarios, las condiciones de trabajo y la infraestructura escolar.
Pero los mecanismos de negociación también pueden producir consecuencias sobre personas que no participan directamente de esos conflictos: los alumnos y sus familias.
En La Costa, el debate sobre las denuncias por gas generó incluso cuestionamientos dentro del propio ámbito sindical, junto con reclamos de familias por la reiteración de suspensiones.
La pregunta sobre una eventual dimensión política o gremial de las medidas merece ser investigada a partir de hechos, documentos y decisiones concretas, sin atribuir intenciones que no estén demostradas.
Lo que sí puede exigirse es transparencia: conocer cuántas denuncias fueron presentadas, cuáles fueron confirmadas, qué reparaciones se realizaron y cuántas jornadas de clases se suspendieron como consecuencia.
Salarios dignos y educación de calidad: dos demandas que no deberían competir
Sería injusto responsabilizar exclusivamente a los docentes por los problemas de aprendizaje de los estudiantes.
Los resultados educativos dependen de múltiples factores: formación, condiciones de enseñanza, recursos, infraestructura, acompañamiento familiar y continuidad escolar.
Tampoco sería razonable desconocer que una remuneración adecuada es una condición importante para atraer, formar y sostener buenos profesionales en el sistema educativo.
Pero reconocer esas dificultades no significa dejar de evaluar las consecuencias que tiene cada interrupción sobre los alumnos.
Especialmente en los sectores más vulnerables, donde una clase suspendida no siempre puede compensarse con apoyo particular, recursos tecnológicos o acompañamiento adicional.
La escuela pública cumple una función decisiva para reducir desigualdades. Por eso, preservar la continuidad de las trayectorias escolares debería formar parte central de cualquier negociación.
Cuando dos derechos entran en tensión, ¿quién debe mediar?
El derecho de los trabajadores a reclamar y ejercer medidas de fuerza tiene protección constitucional.
También la tiene el derecho de los niños y adolescentes a recibir educación.
Cuando ambos entran en tensión, la solución no puede depender únicamente de la capacidad de presión de cada sector.
La responsabilidad de intervenir y promover acuerdos corresponde a las autoridades estatales competentes, mediante las instancias de negociación y conciliación laboral y las políticas educativas necesarias para garantizar la continuidad del aprendizaje.
El Ministerio de Trabajo bonaerense dispone de herramientas legales para intervenir en conflictos colectivos. La Dirección General de Cultura y Educación, por su parte, tiene la responsabilidad de sostener el funcionamiento del sistema y atender las condiciones materiales de las escuelas.
La negociación debe contemplar a los trabajadores, pero también sus consecuencias sobre las familias y los estudiantes.
Y cuando se suspenden clases por razones laborales o de seguridad, debería existir información accesible sobre las medidas previstas para recuperar los aprendizajes afectados.
El interrogante que queda para las autoridades de La Costa
En el Partido de La Costa existen preguntas concretas que todavía merecen respuestas públicas:
¿Cuántos días efectivos de enseñanza se dictaron en cada establecimiento durante 2026?
¿Cuántas suspensiones estuvieron relacionadas con paros y cuántas con problemas edilicios?
¿Cuáles fueron los resultados técnicos de las denuncias por gas?
¿Qué trabajos se realizaron después de la intervención provincial?
¿Existe un programa específico para recuperar contenidos y acompañar a los estudiantes afectados?
La discusión sobre los salarios docentes es necesaria. También lo es la defensa del derecho de huelga y la exigencia de escuelas seguras.
Pero hay un tercer protagonista que no puede quedar relegado: el alumno que necesita aprender y la familia que confía en que el sistema educativo va a garantizar ese derecho.
Quizás el verdadero desafío no consista en determinar quién tiene más razones para reclamar, sino en conseguir que esos reclamos puedan resolverse sin que la pérdida de oportunidades educativas se convierta en una consecuencia habitual.
Porque la excelencia educativa no puede exigirse ignorando las condiciones de trabajo de los docentes, pero tampoco puede alcanzarse si la continuidad de las clases deja de ser una prioridad compartida.
