Radio Noticias Web recibió una carta abierta que advierte sobre la ausencia de referencias a la Ley 27.590 —Ley Mica Ortega— en “Cuando las pantallas hablan”, la nueva guía nacional destinada a prevenir y abordar las violencias contra niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. “Una omisión puede ser involuntaria. Pero una vez advertida, no puede ser ignorada”, plantea el documento.
Una carta abierta enviada a Radio Noticias Web volvió a poner sobre la mesa una discusión sensible: cómo preservar las políticas públicas vinculadas con la protección de la infancia más allá de los cambios de gobierno.
El planteo surgió luego de la presentación, el pasado 9 de septiembre, de “Cuando las pantallas hablan”, una nueva guía elaborada por el Ministerio de Justicia de la Nación y UNICEF para detectar, prevenir y abordar distintas formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales. El material incluye específicamente el grooming y explica mecanismos de captación, manipulación, prevención y acompañamiento.
Quienes enviaron la carta cuestionan un punto concreto: sostienen que en las 44 páginas de la publicación no aparece mencionada la Ley 27.590, conocida como Ley Mica Ortega, ni el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming creado por esa norma.
“No sabemos si se trata de una omisión, una distracción, una decisión editorial o cualquier otra circunstancia. Pero sí sabemos algo: no se entiende”, expresa el documento recibido por este medio.
Qué es la Ley Mica Ortega
La historia detrás de la norma explica la sensibilidad del reclamo.
Micaela Ortega tenía 12 años cuando fue asesinada en Bahía Blanca en 2016, después de haber sido contactada mediante un perfil falso en una red social. El caso se convirtió en uno de los antecedentes más importantes para visibilizar en Argentina los riesgos del grooming y la captación de menores a través de internet.
A partir de aquella tragedia comenzó una extensa construcción que involucró a familiares, organizaciones, especialistas y distintos sectores políticos.
En noviembre de 2020 fue promulgada la Ley 27.590, que creó el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes. La norma posteriormente fue reglamentada mediante el Decreto 407/2022.
La ley continúa vigente. Por eso es importante precisar que la carta no denuncia su derogación ni afirma que haya desaparecido jurídicamente.
El cuestionamiento es diferente: por qué una nueva guía oficial dedicada precisamente a las violencias digitales y al grooming no reconoce, según los firmantes, una política pública nacional que nació como consecuencia directa del caso de Micaela.
“No podrán desarmar nuestra memoria”
La carta lleva un título contundente: “No podrán desarmar nuestra memoria”.
Sus autores remarcan especialmente que la Ley Mica Ortega no debería identificarse con una determinada administración política.
“La Ley Mica Ortega no fue la decisión de unas pocas personas. No nació de un despacho. No fue patrimonio de un partido político, de una organización ni de un gobierno”.
El documento recuerda que detrás de su elaboración participaron organismos públicos y privados, docentes, periodistas, profesionales, organizaciones de la sociedad civil, especialistas, legisladores y familias.
Y plantea una definición que atraviesa toda la carta: las políticas destinadas a proteger a la infancia deberían sobrevivir a las diferencias partidarias y a los cambios de gobierno.
“No estamos defendiendo una estructura. Estamos defendiendo una política pública de prevención”, señalan.
Una omisión que piden corregir
La carta evita atribuir intencionalidad a la ausencia de la Ley Mica Ortega en el nuevo documento.
Ese punto resulta importante.
No acusa al Ministerio de Justicia ni a UNICEF de intentar eliminar la norma, sino que señala la omisión y pide que sea corregida.
“Una omisión puede ser involuntaria. Pero una vez advertida, no puede ser ignorada”, expresa uno de sus párrafos.
El pedido concreto es que la Ley 27.590 y el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming sean reconocidos e incorporados donde corresponda dentro de las políticas y materiales destinados a abordar esta problemática.
Pero detrás de esa solicitud administrativa aparece una cuestión bastante más profunda.
Una política que nació después de una tragedia
Hay leyes que pueden explicarse solamente leyendo sus artículos. Otras necesitan conocer la historia que existe detrás.
La Ley Mica Ortega pertenece claramente al segundo grupo.
Su nombre recuerda a una niña que no volvió a su casa y a una familia que transformó una tragedia en una herramienta destinada a evitar que otros chicos atravesaran situaciones semejantes.
Por eso uno de los fragmentos más fuertes del material recibido por Radio Noticias Web sostiene:
“No estamos defendiendo un nombre. Estamos defendiendo la memoria de una niña”.
La discusión adquiere además una enorme actualidad. Los chicos acceden cada vez más temprano a teléfonos, redes sociales, juegos en línea y plataformas donde interactúan con personas que muchas veces no conocen personalmente. En ese contexto, la prevención del grooming dejó hace tiempo de ser un problema excepcional para convertirse en una cuestión que involucra a familias, escuelas, plataformas digitales y al propio Estado.
La nueva guía presentada por el Gobierno nacional y UNICEF constituye precisamente una herramienta destinada a trabajar sobre esa realidad.
El reclamo que ahora llega a este medio propone algo más: que ese presente no pierda la memoria de aquello que Argentina ya aprendió a partir de casos como el de Micaela Ortega.
La frase final de la carta probablemente sintetice mejor que ninguna otra el planteo:
“La defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes nunca debería depender del gobierno de turno. Debe ser una política de Estado”.
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