Mar del Plata entre el discurso del orden y la violencia: el caso Johana Mailén Antonich, tres homicidios en un fin de semana y un debate que vuelve a la agenda
Mientras la investigación por el femicidio de Johana Mailén Antonich continúa avanzando con el aporte de pericias tecnológicas, análisis forenses, testimonios y registros de cámaras de seguridad, Mar del Plata volvió a quedar atravesada por una seguidilla de hechos violentos: tres homicidios registrados durante un mismo fin de semana reabrieron el debate sobre las políticas de seguridad y la capacidad de respuesta del Estado frente a los delitos más graves.
Las investigaciones penales muestran hoy una realidad diferente a la de hace algunos años. La reconstrucción de los crímenes ya no depende únicamente de declaraciones testimoniales. Teléfonos celulares, redes sociales, cámaras públicas y privadas, geolocalizaciones y pericias informáticas se convirtieron en herramientas centrales para esclarecer los hechos.
Precisamente, esa combinación de evidencia es la que permitió fortalecer la investigación del crimen de Johana Mailén Antonich.
Un caso que también puso bajo la lupa la respuesta del Estado
Sin embargo, el caso no sólo generó conmoción por el femicidio.
Los cuestionamientos también apuntaron al accionar inicial de las fuerzas de seguridad.
Familiares de la víctima sostuvieron públicamente que fue el hermano de Johana quien encontró el cuerpo, y no el operativo policial desplegado tras la denuncia de desaparición. Ese dato alimentó fuertes críticas sobre la eficacia de la búsqueda durante las primeras horas.
A ello se sumó la difusión de un video que muestra cómo fueron atendidos los familiares cuando intentaban denunciar la desaparición, imágenes que reavivaron el debate sobre la aplicación de los protocolos de actuación previstos para casos de mujeres desaparecidas y la incorporación efectiva de la perspectiva de género en la respuesta policial.
Más allá de lo que determine la investigación administrativa o judicial sobre esa actuación, el episodio volvió a instalar una pregunta que se repite cada vez que ocurre un femicidio: si el Estado respondió con la urgencia y las herramientas que exigía la situación desde el primer momento.
Tres homicidios que volvieron a encender las alarmas
Mientras el caso Antonich seguía ocupando la agenda pública, Mar del Plata registró otros tres homicidios durante el último fin de semana.
Los hechos, ocurridos en distintos puntos de la ciudad y con circunstancias diferentes, reforzaron una percepción que desde hace meses crece entre vecinos y especialistas: los delitos de mayor violencia continúan representando uno de los principales desafíos para las políticas de seguridad.
Cada homicidio tiene su propia investigación y motivaciones particulares. Sin embargo, vistos en conjunto, vuelven a poner el foco sobre la capacidad de prevención, la rapidez en la respuesta y la eficacia de las investigaciones criminales.
La seguridad como bandera política
En ese contexto también aparece la discusión política.
Aunque Guillermo Montenegro continúa siendo la principal figura política del oficialismo local, actualmente se encuentra de licencia al haber asumido una banca legislativa. La administración municipal quedó a cargo del intendente interino, Agustín Neme.
Durante los últimos años, Montenegro construyó buena parte de su perfil público a través de redes sociales mostrando operativos contra cuidacoches, personas en situación de calle, ocupaciones del espacio público, venta ambulante y distintos procedimientos vinculados al orden urbano.
Esa estrategia comunicacional consolidó una identidad política asociada a la «mano dura» frente a las denominadas incivilidades y a la recuperación del espacio público.
Sin embargo, la sucesión de homicidios y el femicidio de Johana Mailén Antonich instalaron otro debate: hasta qué punto esa agenda pública dialoga con la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado para prevenir e investigar los delitos más graves.
No se trata de problemáticas excluyentes. El orden urbano forma parte de las políticas municipales. Pero los homicidios, los femicidios y el crimen organizado requieren además investigación criminal especializada, recursos tecnológicos, coordinación entre fiscales y policías y respuestas rápidas frente a las denuncias.
Municipio y Provincia: un conflicto permanente
A esa discusión se suma una disputa política que lleva varios años.
Desde el gobierno municipal se insiste en reclamar una mayor presencia de efectivos, patrulleros y recursos por parte de la Provincia de Buenos Aires para combatir la inseguridad.
Desde la administración provincial, en cambio, se sostiene que la seguridad requiere una estrategia coordinada y que los municipios también cumplen un rol clave mediante el monitoreo urbano, los centros de videovigilancia, la iluminación, la prevención y la articulación institucional.
Mientras ese intercambio de responsabilidades continúa, la preocupación social sigue creciendo cada vez que un nuevo homicidio sacude a la ciudad.
Más allá del discurso
El caso Johana Mailén Antonich y los homicidios registrados en los últimos días dejan una conclusión que excede las diferencias partidarias.
La seguridad no se mide únicamente por los operativos visibles ni por la presencia en redes sociales. Tampoco alcanza con atribuir responsabilidades exclusivas a una jurisdicción u otra.
Los delitos más graves ponen a prueba la capacidad real del Estado para actuar con rapidez, coordinar recursos, proteger a las víctimas, investigar con eficacia y dar respuestas concretas a una sociedad que vuelve a preguntarse por qué, pese a los discursos sobre seguridad, la violencia letal sigue ocupando un lugar central en la agenda de Mar del Plata.
En una ciudad donde el debate público suele centrarse en el orden del espacio urbano, los homicidios y los femicidios recuerdan que la verdadera medida de una política de seguridad no está solamente en lo que se comunica, sino, sobre todo, en los resultados que logra ofrecer frente a los delitos que más conmocionan a la comunidad.
