Planes Sociales: ¿Mensaje encriptado? A quien le apunta Roxana Cavallini entérate en esta nota
La referente política de La Libertad Avanza en el Partido de La Costa, Roxana Cavallini, sorprendió recientemente con un mensaje en sus redes sociales dirigido a los beneficiarios de planes sociales, invitándolos a denunciar si son coaccionados para entregar parte de su dinero a punteros políticos o referentes sociales.
Desde hace tiempo, se habla de manera extraoficial de casos en los que dirigentes y actores políticos retienen parte de los beneficios de quienes reciben planes, presentando la retención en algunos casos como una «contribución voluntaria» al movimiento social. Pero, ¿hay evidencia que respalde estas versiones? ¿Podría tratarse de un delito? La respuesta es clara: sí, esto constituye un delito.
Consultada al respecto, Cavallini aclaró: “No estamos apuntando a nadie en particular. Estamos tratando de tener verdadera cercanía con quienes realmente necesitan el apoyo. Esta gestión visualiza a la persona que realmente necesita, no a quienes manejan cooperativas, instituciones o grandes paquetes de planes. Esto pasa en todo el país y también en el Partido de La Costa”. Cavallini fue tajante: “Muchos aún callan por miedo, pero nosotros explicamos, y lo haremos cuanto sea necesario, que no deben entregar dinero a nadie. Si ocurre, es un delito y deben denunciarlo. Nosotros los vamos a acompañar”.
Hasta ahora, no se han registrado denuncias formales en el Partido de La Costa, aunque el número 0800-222-3294 está disponible para realizar denuncias anónimas. En La Libertad Avanza confían en que, pronto, los beneficiarios denunciarán a “estos administradores y manipuladores de la pobreza”, según fuentes del partido.
Análisis legal: ¿Constituye un delito?
Sí, en Argentina, este tipo de situaciones puede configurar un delito, incluso si el beneficiario entrega el dinero de forma «voluntaria». Aquí explicamos por qué.
Solicitar o exigir a beneficiarios de planes sociales una parte de sus beneficios en favor de una persona, dirigente o agrupación puede considerarse un acto de extorsión o coacción, delitos tipificados en el Código Penal argentino. Estos casos se dan cuando un dirigente usa su posición de poder o influencia para condicionar, explícita o implícitamente, el acceso o la continuidad del plan social.
Posibles delitos
- Extorsión (Art. 168 del Código Penal): Este delito se configura cuando alguien usa intimidación o presiones para obtener dinero o beneficios económicos indebidos. Aunque el beneficiario “acepte” entregar una parte de su plan, si lo hace por temor a perder el beneficio, podría considerarse extorsión.
- Coacción (Art. 149 bis): Si un dirigente ejerce presión o manipulación psicológica, aunque sin amenazas explícitas, para que la persona entregue parte de sus beneficios, este acto podría constituir un delito de coacción.
- Defraudación al Estado (Art. 174 inciso 5): Si el dirigente o la organización utiliza indebidamente fondos provenientes del Estado (por ejemplo, dinero de planes sociales), podría configurarse este delito de defraudación, ya que los fondos no están siendo destinados al propósito original para el cual fueron otorgados.
¿El «consentimiento voluntario» exime de delito?
El consentimiento del beneficiario no necesariamente invalida la configuración de un delito, ya que:
- Existe un desequilibrio de poder entre el dirigente y el beneficiario, que podría anular el consentimiento libre. Si el beneficiario siente que puede perder su plan o sufrir represalias, su consentimiento no es verdaderamente libre.
- Cuando un dirigente maneja los recursos de los planes sociales y ejerce control o presión sobre el beneficiario, esto es percibido como un acto de corrupción o abuso de poder.
Jurisprudencia en Argentina
En Argentina, ya se han investigado y sancionado a organizaciones sociales por este tipo de prácticas, consideradas contrarias al propósito de los planes sociales. Aunque el beneficiario declare que accedió voluntariamente, en muchos casos se investigan y penalizan a los responsables por coacción o defraudación, dado el abuso de poder que implica esta práctica.
¿Qué hacer en estos casos?
Si alguien se encuentra en esta situación, puede:
- Denunciar en la justicia o en organismos de control que supervisen los planes sociales.
- Acudir a organizaciones de derechos humanos o defensorías del pueblo, que puedan ofrecer apoyo legal y acompañamiento.
Es fundamental que los beneficiarios de planes sociales conozcan sus derechos: estos planes son intransferibles y deben ser usados para el beneficio exclusivo de quienes lo necesitan, sin intermediarios ni deducciones ilegítimas.
