La Justicia Federal investiga a una banda acusada de sustraer cerca de 2.000 metros de cables subterráneos de telefonía e internet. Cuatro imputados recibieron prisión preventiva y la Fiscalía estima que la reventa del material podría alcanzar los $560 millones.
Una organización preparada para simular trabajos legítimos en la vía pública, vehículos especialmente acondicionados y una maniobra que habría dejado a más de 1.900 usuarios afectados en Mar del Plata.
La investigación por el robo de cables subterráneos de telefonía e internet reveló una estructura que, según la Justicia Federal, contaba con logística y equipamiento para retirar grandes cantidades de cableado sin despertar sospechas.
Cuatro de los acusados recibieron prisión preventiva por 180 días. La causa investiga siete hechos, cuatro consumados y tres que quedaron en grado de tentativa.
Se hacían pasar por trabajadores
Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue el mecanismo utilizado para realizar las maniobras.
Según la hipótesis de la Fiscalía, los integrantes de la organización se presentaban como si fueran trabajadores autorizados.
Utilizaban ropa de trabajo, conos y elementos de señalización para intervenir sobre la vía pública aparentando realizar tareas habituales sobre las redes.
También disponían de un camión equipado con pluma hidráulica, una camioneta y otros vehículos.
Entre los elementos investigados aparece además un falso generador industrial que habría sido utilizado para ocultar el mecanismo empleado para retirar los cables instalados bajo tierra.
El objetivo era poder trabajar a plena vista disminuyendo las posibilidades de despertar sospechas entre vecinos y personas que circulaban por el lugar.
Casi 2.000 metros de cables
La magnitud del material sustraído permite dimensionar el alcance de la investigación.
La Fiscalía estima que la organización logró retirar cerca de 2.000 metros de cableado subterráneo.
El valor de reventa del material fue calculado entre 200 y 560 millones de pesos.
Durante los procedimientos realizados en el marco de la causa se secuestraron vehículos, recortes de cables, teléfonos celulares, equipos de comunicación y dinero.
La investigación también intenta reconstruir el circuito posterior al robo y determinar el destino que tenía el material sustraído.
Más de 1.900 usuarios afectados
Más allá del valor económico de los cables, uno de los aspectos centrales del caso es el daño provocado sobre los servicios.
De acuerdo con la investigación, más de 1.900 clientes habrían resultado afectados por las interrupciones generadas por el robo de la infraestructura.
El impacto de este tipo de delitos no termina, por lo tanto, en el material sustraído.
Cuando se retiran cables de una red subterránea pueden quedar fuera de servicio conexiones de telefonía e internet utilizadas por viviendas, comercios y distintas actividades.
A esto se suma el tiempo necesario para detectar el daño, reemplazar el tendido y restablecer las comunicaciones.
Cuatro acusados con prisión preventiva
La Justicia Federal dictó prisión preventiva por 180 días para cuatro de las personas imputadas.
La investigación tuvo inicialmente seis detenidos. Otros involucrados permanecían prófugos al momento de difundirse la información oficial y dos de los arrestados continuaban hospitalizados después de resultar lesionados durante un intento de fuga en uno de los procedimientos.
La Fiscalía atribuye a los investigados delitos vinculados con asociación ilícita, robos agravados e interrupción de las comunicaciones.
La causa continúa abierta y deberá establecer la responsabilidad individual de cada uno de los acusados y el alcance completo de la organización.
Una estructura preparada para atacar infraestructura
La dimensión del caso diferencia estos hechos de un robo aislado de cables.
La cantidad de metros sustraídos, el equipamiento utilizado, los vehículos, la simulación de tareas en la vía pública y el valor potencial del material forman parte de los elementos que analiza la Justicia para reconstruir el funcionamiento de la presunta organización.
También será importante determinar qué ocurría después de cada robo.
El volumen de material involucrado abre necesariamente la investigación sobre su destino y eventual comercialización.
Mientras la causa avanza, hay un dato que permite medir concretamente las consecuencias: más de 1.900 usuarios habrían sufrido problemas en sus comunicaciones por la sustracción de una infraestructura destinada a prestar servicios esenciales de conectividad.
El perjuicio, entonces, no se limita al valor de los cables robados. También comprende el daño sobre la red, los trabajos necesarios para reconstruirla y las interrupciones que debieron soportar los usuarios.
