Ley de Ética Pública y el impacto sobre la figura del presidente
La Ley 25.188, que regula el comportamiento ético de los funcionarios públicos, señala en su artículo 2 que estos deben priorizar el interés público sobre el privado. En el inciso g) se prohíbe expresamente el uso de bienes, servicios o información oficial para promover productos o empresas privadas.
El apoyo de Javier Milei a la criptomoneda $LIBRA desde sus cuentas oficiales podría ser considerado una violación directa de este precepto, dado que se trató de la promoción de un activo digital privado. Esta acción derivó en un alza del 1300% en su valor antes de un desplome que generó pérdidas millonarias a más de 40.000 inversores.
La ley también contempla sanciones severas para los funcionarios que incurran en estas faltas, incluyendo penas de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua. Aunque Milei ha negado haber obtenido beneficios personales de la promoción de $LIBRA, la oposición insiste en que su apoyo facilitó movimientos financieros sospechosos que perjudicaron a miles de personas. En este contexto, algunos sectores políticos han solicitado un juicio político contra el presidente y una investigación a fondo para determinar si su conducta violó la Ley de Ética Pública.
Fuente Política Argentina