El debate sobre los carreros en La Costa: trabajo, cultura y discriminación
El reciente proyecto presentado en el Concejo Deliberante del Partido de La Costa para prohibir la tracción a sangre ha reavivado una discusión compleja que va más allá del maltrato animal. Si bien es innegable que el bienestar de los caballos es una causa justa y necesaria, poco se ha dicho sobre la realidad de las personas que trabajan como carreros o conchilleros, cuya única fuente de sustento depende de esta actividad. En muchos casos, estos trabajadores son vistos desde un enfoque discriminatorio, ignorando las razones sociales, culturales y económicas que los empujan a esta labor.
Una realidad laboral y cultural
En el Partido de La Costa, los carreros representan una actividad laboral que, aunque precaria, responde a una tradición cultural y a una falta de opciones económicas. Para muchos, el carro tirado por caballos no solo es una herramienta de trabajo, sino un símbolo de subsistencia en un contexto donde las oportunidades escasean.
Sin embargo, el proyecto para prohibir esta práctica pone en evidencia una omisión recurrente desde las políticas públicas: la ausencia de alternativas viables para estas familias. Prohibir sin ofrecer soluciones es trasladar el problema a un ámbito de exclusión aún mayor, dejando a estos trabajadores sin recursos y profundizando su vulnerabilidad social.
Estigmatización y discriminación
En el discurso público, los carreros suelen ser tratados como responsables únicos del maltrato animal, una narrativa que los estigmatiza y deslegitima. Muchas veces, son señalados como desclasados o marginales, sin considerar que su situación responde a una estructura de desigualdad que los ha dejado sin acceso a empleo formal ni herramientas para progresar.
Si bien existen casos de maltrato hacia los caballos que no pueden ser ignorados, también hay carreros responsables que cuidan de sus animales, conscientes de que su bienestar está directamente ligado a su sustento diario. Este aspecto rara vez se menciona, ya que la discusión suele centrarse en imágenes impactantes o discursos simplificados que no abordan la raíz del problema.
El desafío de las políticas públicas
Cualquier intento de regular o erradicar la tracción a sangre debe partir de una visión integral que contemple tanto el bienestar animal como las necesidades de las personas que dependen de esta actividad. Esto implica diseñar políticas que ofrezcan:
- Capacitación laboral: Programas de formación que permitan a los carreros acceder a empleos alternativos, con herramientas para integrarse al mercado laboral formal.
- Sustitución del carro por vehículos motorizados: Una transición gradual que incorpore opciones de transporte accesibles.
- Educación y sensibilización: Campañas que combatan la discriminación hacia los carreros y promuevan el respeto por su dignidad como trabajadores.
- Acceso a créditos y apoyo social: Facilidades económicas para que estas familias puedan reinventar su actividad laboral sin quedar desamparadas.
Un cambio que incluya a todos
El debate sobre la tracción a sangre no puede darse desde una mirada parcial o excluyente. Es fundamental entender que detrás de cada caballo hay una familia que lucha por sobrevivir y que necesita el acompañamiento del Estado para salir adelante. Si no se abordan las causas estructurales que llevan a estas personas a depender de esta actividad, cualquier prohibición será percibida como un acto de discriminación más que como una solución.
Es momento de diseñar políticas públicas inclusivas que respeten tanto la vida animal como la dignidad humana. La Costa tiene la oportunidad de ser un ejemplo en la construcción de soluciones integrales que atiendan esta problemática sin discriminar ni excluir.
